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La salida de Philip Morris de Colombia
13 de junio de 2019
La semana pasada, Phlip Morris International (PMI) anunció el cierre de sus plantas de producción en Medellín y Barranquilla.
El artículo publicado en la revista Dinero, expresa que la compañía atribuye la decisión al aumento del impuestos de cigarrillos que “disparó el contrabando a niveles históricos”. Ante esta afirmación hay que ser precavidos pues la Industria Tabacalera (IT) en Colombia, como en el resto del mundo, suele usar el argumento de comercio ilícito para desacreditar la medida de impuestos.
La IT tiende a inflar las cifras de comercio ilícito de manera exorbitante para crear alarmas y presionar a los gobiernos a desistir en el incremento a los impuesto. Como punto de comparación está el estudio de Maldonado et al (2019), en el que calculan que la cifra de comercio ilícito de cigarrillos en 2017 fue de 6,4%, 11.6 puntos porcentuales menor que la anunciada por la industria (18%).
La realidad es que la IT son los beneficiados de que estas cifras aumenten. Es por ello que autoridades aduaneras en el mundo se han enfrentado con la insistencia de la IT por ser participes de los sistemas de rastreo y trazabilidad para “reducir”el contrabando de tabaco. La IT se muestra como la solución al problema de comercio ilícito cuando ellos han sido la causa de éste, y no es de su interés acabar con el comercio ilícito por varias razones (Gilmore et al, 2018):
1.El tabaco de contrabando se vende a menor precio por no tener impuesto, por ende se vende más cantidad. 2. El contrabando sabotea el efecto de las medidas de control de tabaco de reducir el tabaquismo. Por ejemplo, el impuesto al tabaco no cubre productos de contrabando por no estar bajo ninguna jurisdicción de impuestos. 3. Las tabacaleras han usado el contrabando como un vehículo para permear mercados cerrados o altamente protegidos. Normalmente sugieren que el contrabando es una señal de que deben aumentar su inversión en ese mercado. 4. Es el mejor contra argumento para las políticas de control de tabaco. Justificando que la demanda por productos ilícitos es el problema, y no la oferta.
Ante la decisión de cerrar las plantas, el impuesto al tabaco no debe ponerse en tela de juicio su objetivos: reducir el tabaquismo (así como sus costos de salud asociados al sistema) y aumentar el recaudo.
Como lo anunció PMI, no significa que la compañía saldrá del país pues “en el mercado colombiano mantienen un liderazgo en ventas”. PMI se presenta como víctima pero la realidad es que sus productos siguen siendo comercializados en el país. Un ejemplo de ello son los cigarrillos electrónicos o su marca IQOS, que les han permitido llegar a los más jóvenes e incluso a personas no fumadoras bajo el nuevo concepto de “vapear” . Estos productos, que no han sido acogidos bajo la definición de productos de tabaco, se promocionan en centros comerciales y festivales de música como una alternativa para dejar de fumar, aunque no esté comprobado.
Las cifras independientes y este ataque al impuesto al tabaco por parte de Coltabaco confirman la efectividad que ha tenido la medida para reducir el consumo de tabaco. La IT se ve amenazada por esta medida y las cifras lo reflejan: la proporción de fumadores intensos (más de 10 cigarrillos) pasó de 37% en 2016 a 26% en 2017 (Maldonado et al, 2019).
Esta noticia entonces, no debe ser un argumento para desacreditar la medida de impuestos al tabaco, sino que corrobora la necesidad de proteger su implementación. El Ministerio de Hacienda no debe dar su brazo a torcer en la implementación del impuesto, y la DIAN tiene la tarea de mantener la independencia en la producción de cifras de comercio ilícito como en los sistemas de rastreo y trazabilidad.